Protección del patrimonio económico

El Estado tiene la obligación de proteger la propiedad privada de sus ciudadanos, por ser este uno de los derechos fundamentales de cualquier persona. Las instituciones públicas, en ese sentido, han configurado un sistema que busca proteger el patrimonio económico con la finalidad de que sea gozado y dispuesto a plenitud.

En los sistemas penales se distingue una serie de delitos que tienen la misión de salvaguardar las pertenencias, tanto de personas naturales como jurídicas, que involucran un determinado valor económico. Por lo tanto, quien menoscabe ese derecho, apoderándose, sustrayendo o apropiándose de pertenencias ajenas deberá responder ante la justicia.

El patrimonio económico

Se conoce como patrimonio económico a la totalidad de bienes que forman parte de las pertenencias de un individuo, como dinero, joyas y aparatos electrónicos, entre otros. Sobre estos se desarrolla una relación de derecho de significado económico, ya que su propietario tiene la potestad de disponer de ellos como una posesión privada protegida por la ley.

Las relaciones de derecho referentes al patrimonio económico inciden en los diferentes bienes materiales y en otras relaciones de carácter jurídico que se aprecian de forma económica en su titular. Esto quiere decir que los sistemas de derecho deben satisfacer el pleno ejercicio de los propietarios con respecto a sus bienes.

Delitos contra el patrimonio económico

Los delitos contra el patrimonio económico se caracterizan por menoscabar las propiedades de una persona para generar un beneficio a otra. En otras palabras, la víctima de un delito de este tipo verá como el menoscabo de su patrimonio favorecerá al responsable de la conducta punible.

Dentro de los delitos contra el patrimonio económico más comunes se pueden mencionar: hurto, extorsión, estafa, fraude mediante cheque, abuso de confianza, defraudaciones y usurpación.

• Se define como hurto al aprovechamiento de una cosa mueble ajena, con la finalidad de obtener un provecho para sí o para un tercero.

• La extorsión consiste en obligar a otro a hacer, tolerar u omitir algún hecho, para obtener provecho ilegal o cualquier utilidad indebida o beneficio ilícito, para sí mismo o para otro.

• En el caso de la estafa, se observa que alguien o un tercero obtiene un provecho ilegal con perjuicio ajeno, mediante un engaño a artificio que lleva a la víctima a actuar en error.

• El abuso de confianza se considera un delito contra el patrimonio económico porque consiste en aprovecharse de un bien mueble ajeno que alguien le confió o entregó a través de un título no traslativo de dominio.

• Sobre la emisión y transferencia ilegal de cheque, vale decir que se presenta a menudo y se caracteriza por emitir un título valor sin disponer del dinero suficiente para satisfacer el pago, o también cuando se ordena el no pago sin ninguna justificación.

Protección del patrimonio económico en Colombia

El sistema penal colombiano garantiza la protección del patrimonio económico de los ciudadanos a través de varios instrumentos legales. La Constitución Política garantiza la propiedad privada como un derecho que no puede ser desconocido ni vulnerado, y le confiere al Estado su protección total. Asimismo, el Código Penal indica el modo de proceder ante la comisión de algún delito contra estos bienes.

Esta protección viene representada también mediante la restitución del derecho; es decir, cuando alguien sufre un detrimento de su patrimonio se hará todo el proceso necesario para que el daño sea reparado. Por su parte, quien actúa de forma ilícita deberá responder ante la ley, reponiendo el bien robado o, incluso, enfrentando una pena de cárcel.

La víctima tiene el deber de denunciar alguna conducta punible que menoscabe su derecho para que las autoridades determinen un mecanismo de conciliación, indemnización o reparación integral.